Empecemos por lo básico: ¿qué es la CSDDD?
La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) es una ley exhaustiva que hace cumplir el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente a lo largo de cadenas de suministro completas. A diferencia de las leyes anteriores de diligencia debida — sectoriales o voluntarias — de los distintos Estados miembros de la UE, la CSDDD impone requisitos vinculantes a un grupo amplio de empresas — y crea un enfoque armonizado de sostenibilidad corporativa en toda la UE.
¿A quién afecta?
La CSDDD aplica a empresas tanto de la UE como de fuera de la UE que operan en la UE. En concreto se dirige a:
- Empresas de la UE con más de 500 empleados y más de 150 millones de euros de facturación.
- Empresas de la UE con más de 250 empleados y más de 40 millones de euros de facturación, si el 50 % de los ingresos proviene de sectores de alto riesgo como moda, minerales o agricultura.
- Empresas de fuera de la UE con los mismos umbrales de facturación, generados en la UE.
Se espera que en torno a 13.000 empresas de la UE y 4.000 empresas de fuera de la UE entren en el perímetro. El sector financiero está actualmente exento de la CSDDD — pese a las directrices sectoriales existentes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
¿Qué tienen que hacer las empresas?
Bajo la CSDDD, las empresas deben:
- Identificar impactos negativos: detectar impactos materiales medioambientales y sobre derechos humanos en sus propias operaciones, filiales y cadenas de suministro.
- Abordar los riesgos: implantar un plan de acción con un calendario para gestionar los riesgos identificados.
- Establecer mecanismos de queja: ofrecer canales por los que empleados y stakeholders puedan plantear preocupaciones.
- Integrar objetivos climáticos: alinear la estrategia de negocio con el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París — especialmente en empresas más grandes.
- Reportar públicamente: hacer públicos los esfuerzos de diligencia debida en reportes de sostenibilidad o en la web.
Calendario de implementación
Una vez adoptada formalmente la CSDDD, los Estados miembros de la UE tienen dos años para transponer la directiva a su derecho nacional. Los requisitos entran en vigor por fases:
- Hasta 2027 para empresas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación.
- Hasta 2028 para empresas con más de 3.000 empleados y 900 millones de euros de facturación.
- Hasta 2029 para empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación.
Cumplimiento y supervisión
Las autoridades nacionales de supervisión hacen cumplir la directiva por varias vías:
- Investigaciones e inspecciones: las autoridades pueden investigar y auditar a empresas sospechosas de incumplir la directiva.
- Sanciones administrativas: las infracciones pueden sancionarse con multas de hasta el 5 % de la facturación anual global.
- Responsabilidad civil: personas y organizaciones pueden reclamar daños si han sido perjudicadas por el incumplimiento de los requisitos.
Perspectiva
La CSDDD es un paso decisivo para asentar prácticas empresariales responsables en toda la UE. Armoniza estándares de diligencia debida y crea un terreno de juego nivelado para todas las empresas en el mercado de la UE. A medida que los Estados miembros trabajan en su transposición a derecho nacional, las empresas deberían empezar a prepararse para estos nuevos requisitos — y contribuir a una economía global más sostenible y más responsable.
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